MIAMI (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha instruido discretamente a fiscales federales en Miami que eviten llevar a cabo investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien desde hace tiempo ha sido un objetivo de la DEA, según funcionarios y exfuncionarios policiales de Estados Unidos, en la más reciente señal de un acercamiento en las relaciones entre la Casa Blanca y la nación sudamericana.
No está claro si los fiscales habían implicado a Rodríguez en algún delito ni si los investigadores avanzaban hacia una acusación formal. Un portavoz del Departamento de Justicia indicó en un correo electrónico que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”.
Pero registros de la DEA obtenidos por The Associated Press este año muestran que su nombre aparecía de manera constante en el radar de las agencias policiales federales al menos desde 2018, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos, a diferencia de otros altos funcionarios venezolanos.
La instrucción de pausar el escrutinio sobre Rodríguez tenía como propósito no entorpecer los empeños del gobierno para estabilizar Venezuela tras la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, entre otras razones, dijo el funcionario. No estaba claro si la Casa Blanca, que remitió las consultas al Departamento de Justicia, participó en la decisión.
“A todos se les ha dicho que se detengan”, afirmó uno de los exfuncionarios.
Los exfuncionarios, que habían sido informados sobre el desarrollo, así como el funcionario actual, hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar públicamente sobre deliberaciones internas.
Ni Rodríguez, ni un abogado en Estados Unidos que la representa, ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela respondieron a solicitudes de comentarios.
La medida reduce la presión sobre Rodríguez
Eliminar la amenaza de una posible acusación formal, aunque sea temporalmente, reduce la presión sobre Rodríguez mientras el gobierno de Trump procura trabajar con la mandataria encargada para estabilizar Venezuela tras la salida de Maduro y abrir el país a la inversión de Estados Unidos.
Trump calificó a Rodríguez como una “persona estupenda” poco después de que el ejército de Estados Unidos llevara a Maduro y a su esposa a Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con narcóticos. Ambos se han declarado inocentes.
En los últimos meses, Estados Unidos ha levantado sanciones contra Rodríguez y la ha reconocido como la única jefa de Estado de Venezuela, lo que le ha permitido restablecer vínculos con bancos occidentales y trabajar con mayor libertad con inversionistas de Estados Unidos que buscan acceder a las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del mundo. A medida que los lazos entre ambos gobiernos se han profundizado, algunos han presentado el manual de Washington para el país sudamericano —caracterizado por bloqueos petroleros, acusaciones formales contra líderes de alto nivel y amenazas de intervención militar— como un modelo para impulsar un cambio de régimen desde dentro, mientras Estados Unidos presiona a otros de sus adversarios de larga data en Irán y Cuba.
Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, fueron objeto de sanciones de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump por su papel en socavar la democracia venezolana y afianzar el gobierno autoritario de Maduro.
Rodríguez “está haciendo un gran trabajo”, escribió Trump en redes sociales a inicios de marzo. “El petróleo está empezando a fluir, y es muy agradable ver el profesionalismo y la dedicación entre ambos países”.
En los últimos meses, Rodríguez ha encabezado ceremonias con un flujo constante de empresarios petroleros estadounidenses, algunos de los cuales formaban parte de delegaciones de alto perfil encabezadas por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.
Se aplaza el tema electoral en medio de elogios de Trump
Entre todo el intercambio de elogios, lo que falta es una conversación sobre elecciones en Venezuela, incluso después de que Rodríguez rebasara el mes pasado un límite de 90 días fijado por el máximo tribunal venezolano para ocupar el cargo de Maduro de manera temporal.
“No lo sé”, respondió en inglés a inicios de este mes cuando un periodista de Estados Unidos de visita le gritó una pregunta sobre el plazo para celebrar elecciones. “En algún momento”.
La senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha exigido que el gobierno explique su trato favorable hacia Rodríguez, a quien calificó como una “figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro”.
“Se han levantado sanciones contra la señora Rodríguez sin indicio alguno de que haya tomado acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático”, escribió Shaheen, junto con la senadora Elizabeth Warren, en una carta enviada la semana pasada al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, dijo que la decisión de frenar cualquier investigación penal sobre Rodríguez encaja bien con los objetivos de política exterior del gobierno estadounidense en Venezuela.
“Es marxista de toda la vida y fue una dirigente de alto nivel de uno de los regímenes más corruptos del mundo, pero Estados Unidos le está dando oxígeno y ofreciendo incentivos para sentar las bases de la democracia y de la inversión de Estados Unidos”, sostuvo De la Torre, director general de Tower Strategy, que asesora a empresas que buscan hacer negocios en Venezuela.
“Sin embargo, su utilidad tiene fecha de caducidad. En algún momento enfrentará a la justicia”, añadió.
Rodríguez ha estado en el radar de la DEA desde 2018
La DEA había reunido un expediente de inteligencia detallado sobre Rodríguez al menos desde 2018, y ha recibido señalamientos sobre ella que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro, informó la AP hace algunos meses. Un informante confidencial dijo a la DEA a inicios de 2021 que Rodríguez estaba usando hoteles en el destino caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”, según muestran los expedientes.
Su nombre ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA —varias de las cuales seguían en curso este año— que involucraban oficinas de campo desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. Incluso había sido vinculada con el presunto “recaudador” de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades de Estados Unidos arrestaron por primera vez en 2020 por cargos de lavado de dinero, según los expedientes.
Rodríguez deportó a Saab este mes como parte de una purga de empresarios cercanos al poder acusados de haberse enriquecido mediante tratos corruptos con Maduro.
No está claro en cuáles investigaciones en Miami apareció el nombre de Rodríguez. Dos de los exfuncionarios dijeron que Rodríguez también ha surgido en reuniones con investigadores en Tampa a los que la exsecretaria de Justicia Pam Bondi encargó el año pasado indagar delitos financieros en Venezuela.
En ese momento, Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro. La política del Departamento de Justicia exige que el secretario de Justicia apruebe personalmente la presentación de cargos contra cualquier jefe de Estado extranjero, quienes normalmente gozan de inmunidad frente a procesos penales, de conformidad con el derecho internacional y el de Estados Unidos.
Frenar investigaciones penales contra mandatarios extranjeros
La pausa en las investigaciones sobre Rodríguez ocurre mientras el gobierno de Trump también ha frenado investigaciones federales en curso sobre otro destacado líder izquierdista latinoamericano: el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La DEA también había designado a Petro como un “objetivo prioritario” por supuestos vínculos con narcotraficantes que habían sido investigados durante meses por fiscales federales. The New York Times informó en marzo que funcionarios de Estados Unidos aseguraron recientemente al gobierno colombiano que Petro no enfrenta cargos en esos casos.
Duncan Levin, un exfiscal que trabajó en la fiscalía federal de Brooklyn, dijo que sería “profundamente preocupante” que a las fuerzas policiales se les “ordene detener una investigación legítima por razones políticas o transaccionales”.
“La Casa Blanca no puede usar la aplicación de la ley penal como un interruptor diplomático”, declaró Levin a la AP. “Se supone que las decisiones del Departamento de Justicia se basan en la ley, la evidencia, las políticas y la seguridad pública, no en si un funcionario extranjero le resulta útil a la administración en un momento dado”.
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Durkin Richer informó desde Washington y Mustian desde Nueva York. La periodista de The Associated Press Regina García Cano contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.
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Esta historia forma parte de una investigación que incluye el documental de FRONTLINE “Crisis in Venezuela”, que se emitió el 10 de febrero de 2026 en PBS. Vea el documental en pbs.org/frontline, en la aplicación de PBS y en el canal de YouTube de FRONTLINE.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
